- Rubén García Menéndez presenta sus avales y candidatura a la presidencia del PP de Llanera junto a su equipo de trabajo
- Valdesoto con la Sidra se celebra los días 4 y 5 de mayo
- El Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presentó en el IES de Llanera el Juego de la Pirámide del odio
- Obramat busca un nuevo emplazamiento en Siero
- La Guardia Civil de Asturias detiene a uno de los presuntos autores de los robos en comercios y establecimientos hosteleros de Llanera
CARTA AL DIRECTOR
Carta al director. Estos días atrás 24 activistas saharauis fueron sentenciados a severas condenas por los tribunales marroquíes
CUANDO LOS INTERESES SON OTROS
Estos días atrás 24 activistas saharauis fueron sentenciados a severas condenas por los tribunales marroquíes, después de un largo proceso de 7 años y en relación al asentamiento de Gdeim Izik cercano a El Aaiún y donde unos 20 mil saharauis reclamaban derechos sociales, civiles y políticos, y la autodeterminación de su pueblo ocupado ilegalmente por Marruecos tras la Marcha Verde de 1975 y la posterior firma del Acuerdo Tripartito por el que España renunciaba a la colonia y entregaba atado de pies y manos al pueblo saharaui y que supuso una larga guerra hasta 1991 en que se firmó un Plan de Paz auspiciado por las NN.UU. y que tenía como fondo llevar a cabo un referéndum en el que los saharauis pudieran elegir la autodeterminación o formar parte de Marruecos.
En el juicio los acusados alegaron ser sometidos a torturas y firmar confesiones bajo este trato. En los siete años de encarcelamiento previo a estas sentencias de hoy, los tribunales nada han hecho para investigar las denuncias de tortura o verificar las pruebas presentadas carentes de base y toda credibilidad, como machetes sin huellas dactilares que comprometieran a los juzgados, fotos donde ninguno de los procesados se visibilizaba, etc.
En el juicio, estuvieron presentes abogados internacionales a propuesta del Consejo General de la Abogacía y juristas de otros países centro-europeos (entre ellos España) que fueron testigos de las múltiples irregularidades. Los abogados de la defensa solicitaron la suspensión del juicio sin que los tribunales lo tuvieran en cuenta.
Las sentencias fueron de 7 condenas a cadena perpetua, 14 a penas de entre 20 y 30 años, siendo el resto puestos en libertad por haber recibido penas inferiores al tiempo transcurrido en la cárcel.
Estas duras penas bastante similares a las que impusieron en febrero de 2013 los tribunales militares y que fue declarado nulo por el Tribunal de Casación de Rabat no solo no han sido comentadas en la mayoría de los medios de comunicación españoles y europeos, sino que ni siquiera han tenido una queja del gobierno español. Resulta cuando menos cínico que mientras destacados políticos españoles viajan a Venezuela y manifiestan su “preocupación” por el desarrollo de los hechos que allí acontecen, guarden silencio absoluto por lo que pasa en la última colonia española y de África a nuestros hermanos saharauis.
Una vez más la hipocresía e intereses de Estado se anteponen a los derechos de los pueblos. Una vez más los Derechos Humanos quedan relegados a segundo plano cuando los agresores son nuestros “amigos” y priman intereses espurios.
Juan Luís Vallina Ariznavarreta. Fundador de Amigos del Pueblo Saharaui de Asturias
