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CARTA AL DIRECTOR
Carta al director. Juan Carlos de Borbón en su discurso navideño de 2011, y que decía que “la justicia es igual para todos”.
IGUALES ANTE LA LEY
Art. 14 de la Constitución Española:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
Ha habido pocas noticias que hayan podido eclipsar la actualidad derivada por el COVID-19, pero sin duda una de ellas se ha originado en torno a la figura del Rey emérito. Su implicación en la investigación de la fiscalía Suiza por una supuesta donación de 100 millones recibida en 2008 por el monarca español, procedente del entorno del Rey de Arabia Saudí, ha generado páginas de información.
Más aún cuando posteriormente Juan Carlos de Borbón habría donado 65 millones a su “amiga entrañable” CorinnaZuSaym-Wittgenstein. La petición por parte de algunos partidos políticos para la apertura de una comisión parlamentaria que investigue los negocios del Rey emérito ha puesto sobre la mesa el debate de la inviolabilidad del Jefe del Estado y su alcance.
El informe de los letrados del Congreso propone rechazar la comisión de investigación, entendiendo que la inviolabilidad es absoluta y tiene efectos jurídicos permanentes.Con ello se reabre un debate sobre el que hay dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado están aquellos que piensan que la inviolabilidad es total y permanente en el tiempo. Otro grupo, cada vez más numeroso, entienden que se circunscribe exclusivamente a sus acciones como Jefe de Estado, y que además pierde dicha protección si los hechos investigados son posteriores a su abdicación.
No seremos nosotros quienes vayamos a decir cuál de las dos es la interpretación correcta, pero sí nos vamos a permitir hacer alguna consideración al respecto. Puede parecer anacrónico que en pleno siglo XXI exista una inviolabilidad total de ninguna jefatura del estado. Puede entenderse que esté justificada en tanto en cuanto el Rey sanciona leyes aprobadas por el poder legislativo, pero ampliarlo a temas estrictamente privados podría llevarnos al derecho de pernada propio de la Edad Media.
¿Se podría amparar un delito de sangre en la inviolabilidad de un Jefe de Estado?
El Gobierno Británico en el tema Pinochet delimitó la inmunidad de los Jefes de Estado, limitándola a aquellos actos propios de su acción de gobierno.
La declaración universal de los Derechos Humanos proclama la libertad e igualdad de todos los seres humanos, principio igualmente reconocido por nuestra Constitución, por lo que no sería descabellado pensar en establecer claramente los límites de la citada inviolabilidad.
Si los defensores de Felipe VI están dispuestos a aceptar y matizar el ámbito de la inviolabilidad harían sin duda un gran favor a la Corona, reforzando el principio de igualdad ante la ley por parte del Rey y ayudando a una mayor legitimidad democrática a los ojos de los partidarios de un régimen republicano.
Añadamos a esto el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo no ve descabellado investigar los asuntos económicos del Rey emérito. Es por ello que el debate es lícito, razonable, y cuando menos necesario.
Sorprende que ante hechos razonables, o al menos que generan duda al afrontarlos haya un partido que se denomine de izquierda que vote en contra de abrir siquiera el debate.
El Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sanchez a la cabeza, votó en contra de la comisión, algo que puede ser constitucionalmente entendible pero que seguro causará resquemor en buena parte de su electorado.Ha tenido ante sí la posibilidad de al menos llevar al congreso un debate que genera dudas en la calle, y poder cambiar una situación que deja en evidencia la frase acuñada por el propio Juan Carlos de Borbón en su discurso navideño de 2011, y que decía que “la justicia es igual para todos”.
Pepi
Ala y la próxima carta a TRUMP jijiji
Sábado 20 de Junio del 2020 a las 19:24:26