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ASTURIAS
Las asesorías fiscales laborales confiesan que todavía no conocen la resolución de los ERTES que han presentado
El periódico El Tapín se ha puesto en contacto con varias asesorías fiscales laborales de Siero y Llanera para conocer de primera mano como están trabajando en esta época de crisis sanitaria por el COVID-19, que además supone una crisis económica, ya que ha tenido que parar toda la actividad económica no esencial al ser decretado el estado de alarma, en todo el territorio español.
El propietario de A&A Abogados de Posada de Llanera, José Alberto Pérez, aseguró que en este momento la asesoría se encarga de las cotizaciones de la Seguridad Social, unido a la campaña de la renta que se inició el 1 de abril, la tramitación de los ERTES y las consultas de temas fiscales y laborales relacionadas con estos. “Una de nuestras denuncias es que en algunas ocasiones se manda desde la asesoría toda la documentación y la administración se lo comunica al empresario en lugar de a la asesoría, que sería lo que se debería de hacer”, apuntó.
Pérez comentó que esta semana las principales consultan versan sobre los alquileres, en concreto los alquileres de los locales, “en algunas ocasiones los propietarios y arrendatarios llegaron a acuerdos antes de que este lunes el gobierno tomara medidas. Algunos propietarios han decidido dejar los alquileres como estaban y otros muchos los han bajado entre un 30 y un 50%”, explicó.
En cuanto a los ERTES aseguró que un 60% de sus clientes han optado por tomar esta medida, porque cuentan con trabajadores a su cargo. “Hemos enviado vía online toda la documentación requerida por la administración y estamos esperando la respuesta. Muchos no saben como tienen que elaborar las nóminas y no se están pagando. Además, necesitamos saber como se van a coordinar las ayudas, porque no va a haber liquidez si la gente no cobra. Se habló de la rebaja de 15 a 5 días para tramitar los ERTES y al final ha tenido que subir a 10 días”, apuntó. Pérez considera que estas medidas son a medio y largo plazo y que muy posiblemente se extienda el estado de alarma hasta el mes de mayo, para que todas las medidas puedan tomarse.
A&A también cuenta con el servicio de despacho de abogados, que continúa trabajando y aseguró Pérez que se han suspendido las tramitaciones jurídicas y los juicios, pero sigue el servicio de turno de oficio y para cuestiones de violencia de género, porque son servicios esenciales, pero en este momento tampoco están facturando. “En este momento vamos a comenzar con la campaña de la renta, cuando antes lo hacíamos un poco más tarde”, reconoció.
El responsable de MP Asesores de Lugones, Manuel Prieto, aseguró que sus once empleados están teletrabajando desde sus casas por vía telemática y el único que acude a la oficina es él para coger el teléfono y responder a las comunicaciones que llegan. “Más de un centenar de nuestros clientes han presentado ERTES, y cada una de estas empresas tiene de media unos 8 trabajadores. Esto supone un 60% de nuestros clientes, ya que también tenemos empleados de servicios esenciales que continúan trabajando”, apuntó.
Aunque todavía no han recibido respuestas de la administración sobre los ERTES, espera que la próxima semana comiencen a llegar. “Existe un colapso total en el servicio de las relaciones laborales y después de que se anunciara el plazo de 5 días este se ha tenido que aumentar. Son todos los clientes los que han visto mermados sus ingresos, aunque está claro que hostelería y comercio, entre otros, han perdido el 100%”, comentó.
En cuanto a los autónomos Prieto aseguró que desde su asesoría se avisó a los clientes, que la cuota del mes de marzo se iba a tener que abonar, “una cosa son los decretos y la legislación y otra el sistema y los procesos para hacer posible esa suspensión de la cuota y no daba tiempo para este mes”, afirmó.
Este mes de abril comienza la campaña de la renta y MP asesores también la está realizando, unido a los pagos del impuesto del primer trimestre del año para las empresas y sobre todo se dedican a preparar toda la documentación que tienen que presentar las empresas para los créditos ICO, para que una vez que los bancos reciban el dinero de la administración las empresas comiencen a recibirlos.
