- María José González, reelegida como presidenta de Llanera sin Barreras
- Los alumnos de 1º y 2º de ESO del IES Juan de Villanueva celebraron el Día de la Educación Física en el parque Alfonso X de Pola de Siero
- Crece “El Bosquín del Peña” con 60 nuevos abedules y castaños en el Parque Perirubano de Pola de Siero
- I Xornaes Interxeneracionales “Alcordances d otru tiempo en Valdesoto” el 29 de abril
- El Nuevo Polideportivo de Siero acoge este fin de semana la Fase Final del Campeonato de Asturias de balonmano cadete femenino
POLíTICA
Miguel Teijelo “ Si Aqualia cierra la piscina supondría no volver a contratar con las administraciones públicas”
Gerardo de la Iglesia: “Nuestro bufete no defendió a la oposición en los pleitos contra Aqualia, defendió los intereses del Ayuntamiento “
Gerardo de la Iglesia, unos de los socios del bufete De la Iglesia y Teijelo, aseguró que es una indignidad del alcalde en funciones, José Avelino Sánchez, sacar ahora el tema de Aqualia de la resolución del contrato de la piscina y la indemnización que reclama la concesionaria de casi 5 millones de euros.
“Nuestro despacho defendió los intereses del Ayuntamiento y en cada pleito se demuestra. Es impresentable que se culpe a la oposición y que se les amenace como ya hizo en su día cuando salieron las sentencias”, destacó. De la Iglesia comentó que su bufete no es cabeza de ningún partido, “nuestro bufete no defendió a la oposición en los pleitos contra Aqualia, defendió los intereses del Ayuntamiento. No realizamos informes a la carta”, apuntó.
Miguel Teijelo fue el letrado que llevó los pleitos y aseguró que jurídicamente le sorprende que el alcalde en funciones ejerza de portavoz del reclamante, “con la ley de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones públicas no conozco ningún precedente en el que un alcalde agite y de propaganda a la resolución del contrato de una empresa privada”, destacó.
Teijelo comentó que la resolución es improcedente porque ya está juzgada por dos tribunales y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. “Las empresas tienen que hacer frente al riesgo y ventura, no tenemos ningún informe para saber si la empresa tiene pérdidas o beneficios, es lo que ellos dicen. Tampoco sabemos por ningún expediente que la obra costó más de cuatro millones, si nos regimos por lo que Aqualia presentó en el juzgado la obra costó dos millones”, afirmó.
Tal y como se reflejaba en el dictamen que realizó el bufete en su día en la segunda parte del contrato no parece la documentación relativa a la finalización de la obra, el proyecto ni la licencia de apertura. “Según la información del Tapín lo que reclaman es una “cosa juzgada material”, que ya fueron resueltas y no puede ser juzgado por otro juez. Yo no habría tenido valor en presentar este escrito, en estos términos”, destacó.
El letrado comentó que el Ayuntamiento nunca ha incumplido el contrato ni la concesionaria tampoco como para que se resuelva. “Si la concesionaria decide marcharse o no abrir la instalación se considera un incumplimiento del contrato y el Ayuntamiento podría penalizar a la empresa por daños y perjuicios, se le podría incautar la garantía prestada. Si Aqualia cierra la piscina supondría no volver a contratar con las administraciones públicas”, concluyó.
