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ELECCIONES MAYO 2015
Gerardo Sanz: Avelino Sánchez y sus mentiras en Soto de Llanera. Informe del bufete De la Iglesia y Teijelo en relación a la compra de centro social.
Enlace del informe completo:
http://fsa-psoe.org/ftp-agrupaciones/35/archivos/informe-censo-social-soto.pdf
El nerviosismo con el que el actual alcalde está afrontando la campaña electoral, le ha llevado a anunciar en días pasados, después de años de promesas incumplidas, la compra de las instalaciones deportivas y el club social de la urbanización de Soto de Llanera. Una compra precipitada y obviando elementos muy importantes, de tal forma que se puede decir que ha empezado la casa por el tejado y, lo que es más grave aún, vuelve a intentar engañar a los vecinos de la urbanización en particular y del resto del concejo en general.
Así lo pone de manifiesto un exhaustivo informe elaborado, a petición del PSOE de Llanera, por el bufete De la Iglesia y Teijelo. En el mismo se señala, en primer lugar, que la propiedad objeto de compra no está inscrita en el registro, trámite que únicamente cumplen los edificios, mientras que el resto de la finca (más de 14.000 metros cuadrados), está vinculada a los propietarios de la urbanización, de tal forma que cualquier uso que se quiera dar (por ejemplo, dar acceso a los edificios), tendrá que contar con el respaldo unánime de todos ellos.
Eso quiere decir que únicamente con que un vecino de la urbanización se niegue, aquellos que no fueran vecinos de Soto de Llanera, podría prohibírseles el acceso a las instalaciones que pretende construir el ayuntamiento. Eso ya pone en duda la afirmación de Avelino Sánchez, de que se trataría de un equipamiento para todos los vecinos del municipio.
“Sería preciso el consentimiento de todos los comuneros para lograr la pretensión municipal que conlleva la modificación del destino del equipamiento previsto, para poder abrirlo a otros vecinos del municipio”, tal y como se afirma literalmente en el informe jurídico.
Por otro lado, el informe explica que la compra se hizo sin haber de por medio negociación alguna por parte del ayuntamiento con el Banco de Santander, propietario del espacio, que pudiera haber redundado en una bajada del precio final fijado en 300.000 euros, al no haber ningún otro interesado en la adquisición de la propiedad, y toda vez que la infraestructura se encuentra en estado de ruina y abandono y suponiendo, para la entidad bancaria, un nulo rendimiento, con costes y sin la menor expectativa de enajenación.
En las conclusiones del informe se señala que la operación de compra “llevada a cabo por el Sr. Alcalde adolece de series y graves incumplimientos de orden técnico, jurídico, económico y urbanístico, que incluso, pueden suponer la nulidad absoluta o de pleno derecho de lo actuado”.
Por otro lado, en el informe elaborado por el servicio de Intervención, los abogados detectan la ausencia de información acerca de los costes que tendrá que asumir el ayuntamiento una vez formalizada la compra, tanto por la rehabilitación de los edificios, su equipamiento y por la participación en los elementos comunes de la urbanización.
Más adelante señala que “si se logra el propósito de abrir el equipamiento a todos los vecinos, cosa que se antoja complicada por no decir imposible, hay que prever ya, desde este momento, el modo en que se gestionará, pues ello tendrá también influencia en las arcas municipales”.
Desde el punto de vista urbanístico también se presentan importantes obstáculos que el alcalde ha decidido dejar de lado. El plan parcial de Peña Corada, destina esa zona a espacios verdes y deportivos y zonas de servicio público y de equipamiento de las viviendas, situación que Avelino Sánchez pretende modificar con el fin de que el resto de vecinos del concejo podamos acceder a las instalaciones.
Sin embargo, esa pretensión volvería a chocar con la propiedad de la finca, recordemos que es de todos los vecinos de la urbanización, y, por otro lado, el cambio del plan no se puede hacer a antojo del alcalde, sino que llevaría aparejado todo un procedimiento “con intervención pública y nadie puede asegurar oposiciones o impugnaciones que dieran al traste con su precipitada compraventa, realizada justo antes de las elecciones municipales, dicho sea de paso, so pena de incurrir en actuaciones nulas de pleno derecho”.
Una vez llegados a este punto, el informe jurídico vaticina que “las trabas y los problemas se sucederán, pudiendo dar al traste con la inversión, deviniendo inútil o, en el mejor de los casos, logrando el fin en un muy lejano horizonte temporal, pero, mientras, con los costes de mantenimiento que implica y el serio riesgo de eventuales litigios en vías jurisdiccionales contencioso-administrativas y civil, con elevadas posibilidades de éxito judicial”.
Una vez más se demuestra que las mentiras tienen un recorrido muy corto, y esta vez Avelino Sánchez ha sido atropellado por ellas, por tener que dar cumplimiento apresurado a un ofrecimiento realizado días antes de las elecciones de 2011. Ahora, acuciado por las prisas ha cometido la enésima chapuza de su mandato, condenando, otra vez, a las arcas municipales a soportar con una carga innecesaria.
