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CARTA AL DIRECTOR
El cupo vasco para todos
Hoy, la nación española tiene sentido no sólo por compartir un territorio, una lengua y una historia en común, sino porque además rige un principio de legalidad en el cual todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, existe una financiación autonómica en donde la Constitución asegura que "la diferencia entre los estatutos de autonomía de las distintas Comunidades Autónomas, en ningún caso podrá implicar privilegios económicos y sociales" y en tercer lugar porque tenemos una Caja Única de la Seguridad Social.
El cupo vasco, deriva del Concierto que fue una forma de acabar con cincuenta años de guerras carlistas y en donde el Estado español cedió la recaudación de todos los impuestos estatales a las diputaciones vascas y a cambio, éstas pagarían los gastos realizados por el Estado en esas provincias.
La cifra exacta de lo que el País Vasco debe pagar al Estado español por los servicios que presta en ese territorio (Ejército, Policía, Guardia Civil, Prisiones, Embajadas etc) es lo que se discutió y aprobó estos días, y por primera vez en 40 de democracia, el Cupo ha dejado de ser un tabú y el mero hecho de conocerse ha preocupado a muchos ciudadanos. Esta preocupación se vio reforzada por otros factores que conviene destacar.
1º-El cupo se actualiza por ley cada cinco años, pero desde el 2.007 está paralizado porque no hay acuerdo y cuando no existe acuerdo se prorroga el existente. Recuérdese que en el 2007 el gobierno de España lo hacía en minoría y necesitaba los votos de los diputados nacionalistas vascos (PNV) Hasta el año 2.017 el gobierno de España no volvió a necesitar los votos de esta formación política. En suma, el PNV sólo llega a un acuerdo cuando tienen la suficiente fuerza como para que el gobierno de España se vea obligado a ceder a sus pretensiones.
Por si fuera poco, se utilizó el procedimiento de urgencia para tramitar esta Ley, mientras que la Ley de Financiación Autonómica, que también debe actualizarse cada cinco años y lleva varios años paralizada, no acaba de abordarse ni por vía ordinaria.
Esta evidencia ya nos pone en el camino de que el cálculo del cupo no obedece a complejas fórmulas matemáticas, sino a apaños políticos.
2º-La falta de transparencia con la que se llevaron a cabo las negociaciones entre el gobierno y el PNV. Se había creado una especie de Comité de expertos para llegar a un acuerdo sobre la cifra del cupo. El representante de la Comunidad Autónoma de Asturias dimitió a las primeras de cambio, alegando que no se le facilitaban los datos requeridos y así lo expresó el propio Presidente en la Junta General del Principado. Por si fuera poco, la persona que nombró el gobierno de España, para coordinar ese Comité, cuando conoció la cifra a la que habían llegado a un acuerdo, sin tener en absoluto en cuenta su opinión, llegó a decir púbicamente que "la cifra del cupo vasco es arte de magia”.
3º-En el inicio de las negociaciones, el PNV no planteó como urgente y prioritario el cupo vasco, sino la gestión de la Seguridad Social, rompiendo así la Caja Única. Sólo cuando encontró un rechazo de todos los partidos políticos, replanteó su prioridad hacia el cupo.
4º-La sospecha, bien fundada, de que ciertos sectores catalanes pretenden salir del problema catalán mediante la concesión de un régimen fiscal similar al cupo vasco.
5º-Las declaraciones del PNV , que viéndose acorralados ante la percepción de que muchos ciudadanos veían en el cupo un privilegio, optaron por utilizar un argumento difícil de rebatir a primer golpe de vista. Venían a decir que si el cupo constituía un privilegio, estaban dispuestos a que todas las Comunidades Autónomas disfrutasen de igual régimen de financiación.
Este argumento, en principio lógico, es un engaño porque es inviable. Si todas la Comunidades Autónomas recaudan para sí todos los impuestos, tanto los autonómicos como los estatales, como ocurre en el País Vasco, el Estado español carecería de cualquier tipo de ingreso y, en consecuencia, no prestaría ningún servicio a ninguna Comunidad; es más, desaparecía por completo.
Pero supongamos ahora un escenario viable: que el Estado español recaude algún tipo de impuesto, pudiera mantenerse y prestar aquellos servicios comunes que citaba y que además se rompiese la Caja de la Seguridad Social, de suerte tal que cada Comunidad lograría dar los servicios que considerase oportunos con sus impuestos y pagar las pensiones que pudiese con las aportaciones de sus empresas y trabajadores y, además, y para ponerlo fácil, que la cantidad o cupo que tuviesen que abonar cada una de ellas al Estado fuese calculado de forma tan precisa y justa que todas las Comunidades Autónomas estuviesen de acuerdo.
Si esto llega a ocurrir, y ya hay amplios sectores que lo defienden, ¿qué sentido tendría pertenecer a España?. Estaríamos todos de acuerdo en que lo único importante para un ciudadano es lo que ocurra en la Comunidad Autónoma a la que pertenece; es más, a un ciudadano asturiano no le importaría absolutamente nada cómo le van las cosas a un murciano y al revés.
Para terminar, y por si no ha quedado claro que se habrían roto todos los vínculos entre los españoles y habría desaparecido por completo la solidaridad interterritorial, a día de hoy, el cupo vasco ya supone que el gasto por alumno en el País Vasco es de 9.000 euros al año, en Cataluña de 4.500 y en Madrid de 4.400 euros. A día de hoy, de romperse la Caja Única de la Seguridad Social, los pensionistas asturianos que cobren 700 euros pasarían a cobrar 294 euros. Naturalmente, siempre que rebajásemos de forma equitativa las pensiones. Habría sin duda otras alternativas, por ejemplo: de cada 100 pensionistas, a 58 les quitamos la pensión y la seguimos pagando a 42.
Por eso tiene tanta importancia el acercamiento que están haciendo ciertos presidentes de Comunidades Autónomas, de distinto color político, para mantener la actual Ley de Financiación Autonómica, con las reformas a las que se pueda llegar a un acuerdo, e ir preparando el terreno para la eliminación del Concierto Vasco y su homólogo, el Convenio Navarro. Es el único sistema que asegura que todos los españoles tengamos los mismos recursos para sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, medioambiente etc, con independencia de la riqueza que genere la Comunidad Autónoma en donde residen.
