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LLANERA
POLíTICA
Gerardo Sanz: “Debe explicar el PP y Avelino Sánchez su postura, en la que se ponían del lado de Aqualia y no de los vecinos”
El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz y los abogados municipales, Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo, explicaron la última sentencia favorable para el Ayuntamiento sobre el Complejo Deportivo Santi Cazorla, que gestiona Aqualia, en la que la empresa solicitaba la rescisión del contrato que asciende a 4,5 millones de euros por la construcción del mismo.
Sanz comentó que está era la primera vez que los dos abogados estaban en el salón de plenos hablando sobre alguna de las siete resoluciones ganadas a la empresa en los últimos años, “el equipo de gobierno está satisfecho y contento con el resultado obtenido por Gerardo y Miguel, ya que el anterior equipo de gobierno nunca les hubiera invitado a explicar estas resoluciones, porque no estaban satisfechos con resultado conseguido, ya que no se preocupaban de los intereses de los llanerenses, sino de los de la empresa”, destacó.
El alcalde aseguró que el tribunal les dio la razón porque no se daba ninguna circunstancia para rescindir ese contrato. “La empresa no entiende el contrato que firmó en su día con el Ayuntamiento. Ya que pretendía romper el contrato de manera unilateral, sin que se cumplieran los supuestos que aparecen en él”, afirmó.
Sanz recordó que el anterior alcalde, José Avelino Sánchez, les acusó a pocos días de tomar posesión de que la empresa se iría y esto acabaría con el Ayuntamiento, “pero debe explicar el Partido Popular y el anterior alcalde su postura, en la que se ponían del lado de Aqualia y no de el de los vecinos de Llanera”, relató. Sanz aseguró que tiende la mano a la empresa, “no queremos cerrarnos en banda, ya que pretendemos que el servicio se dé con la mejor calidad posible y que sea bueno para los vecinos”, destacó.
Por su parte, Gerardo de la Iglesia, anunció que Aqualia presentó el día 19 de febrero el recurso de apelación y cuenta con un nuevo bufete de abogados, cuya oficina está en Oviedo. El abogado Miguel Teijelo recordó que en el informe elaborados por ellos hace 4 años para el PSOE, cuando este estaba en la oposición, se ratificó en su totalidad, “lo único que hicimos fue aplicar la ley”, destacó. Además explicó que cuando acabó la obra en el año 2011 el Ayuntamiento debería haberla recepcionado, algo que no hizo, y el tribunal reconoció el sobrecoste de 400.000 euros, pero esto no implica que el Consistorio tenga que pagarlos, sino que se incluirán en su amortización a los 40 años de cesión, en esta sentencia cabía el recurso de apelación, ya que no era firme.
