- Las generaciones del 47 al 50 de las escuelas de Posada se volvieron a reunir en su comida de hermandad
- El Ayuntamiento de Siero alcanzó un grado de ejecución del 98,90% de las ayudas de Fondos FEDER para el desarrollo de la EDUSI
- El Club Ecuestre Arabian celebró su campeonato de salto
- Llanera celebra la Feria de San Isidro los días 11 y 12 de mayo
- La Peña de Rana de Llanera ha iniciado con muy buenos resultado la segunda parte del campeonato de Asturias
SOCIEDAD
Jorge Fernández Caldevilla: “En Asturias hay 2.000 expedientes abiertos, somos sólo tres fiscales, con falta de personal y sin un sistema informático adecuado”
El Fiscal de menores del Principado de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, impartió una charla sobre el trabajo que desarrolla en materia de protección de menores. La sesión estaba enmarca dentro de las actuaciones relacionadas con el Plan de Infancia, la organizaron las concejalías de Educación y la de Bienestar Social, se desarrolló en el salón de actos del IES Llanera.
Caldevilla comenzó su discurso explicando la creación del Ministerio Fiscal y en concreto de la competencia que le ocupaba. “En este momento en Asturias hay 2.000 expedientes abiertos de menores, somos sólo tres fiscales, con falta de persona y sin un sistema informático”, reconoció. El Fiscal explicó que en nuestra región existe desde el año 1996 una ley de protección de menores, pero desde hace 20 años no se ha modificado, cambiado, ni adaptado a situaciones como menores extranjero sin acompañantes y tampoco se trata temas como el absentismo escolar, “estos temas en otras comunidades autónomas han sido legislados, porque aunque existen unos principios básicos cada una de las administraciones regionales crea las suyas”, comentó.
La labor de la fiscalía de menores es defender y respetar los derechos de los menores, por lo que se debe valorar y analizar la situación del menor para conocer si está en situación de riesgo o desamparo familiar, después se intentan buscar soluciones en conjunto con la familia, de no ser esto posible se considera que el menor está en una situación de desamparo y se retira la patria potestad a la familia o tutor asumiéndola la consejería. “Pedimos información a los centros educativos, a los servicios sociales de los ayuntamientos y a las familias, para saber la situación real, lo que buscamos es el mejor interés para el menor”, destacó.
Caldevilla considera que la fiscalía de menores funciona bien, porque es rápida, trata los casos de manera personalizada y se buscan soluciones para los menores, “nuestro objetivo es que los menores pasen el menor tiempo posible en los centros cuando están en situación de desamparo. A los niños de menos de 3 años se suele buscar a un familiar que se haga cargo y de no suceder se busca a una familia de acogida voluntaria o profesionalizadas, Sólo pueden pasar dos años hasta que se regularice su situación y de no ser así se buscan soluciones”, comentó.
Además de los casos de desamparo o riesgo de los menores, la fiscalía se ocupa de los delitos de los menores, imponiendo sanciones, trabajos educativos, trabajos a la comunidad o decretando el ingreso en centros si los casos son graves, “Este año ha habido 500 delitos de menores y sólo unos 50 o 60 de esos menores han ingresado en un centro de menores, porque se busca la mejor solución para su reinserción en la sociedad”, explicó.
Los padres que acudieron a la reunión preguntaron por el uso de las redes sociales y los móviles entre los menores y el fiscal respondió que con 10 y 11 años los menores tendrían que usar las tablets y los móviles de manera restringida. Otra de las preguntas fue sobre los divorcios y las separaciones con menores por medio, que afectan al juzgado de familia y por los casos de violencia de género, el experto comentó que cada vez más se están dando casos
de este tipo entre menores, “no les podemos poner una orden de alejamiento, pero si restricciones en la comunicación con su víctima”, comentó.
Los padres preguntaron por el bulling en los centros educativos y explicó que la fiscalía se pone en contacto con los implicados y los centros para conocer la situación, donde se sanciona a los menores y se valora si la actuación del centro es la adecuada.
