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CARTA AL DIRECTOR
Los dirigentes del PP, vestidos como grandes banqueros o gerentes de un club de alterne y repitiendo siempre que la operación había sido legal
En agosto de 2.013, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decide -con la mayor opacidad que pudo y eligiendo el mes más idóneo-poner a la venta 1.860 viviendas de protección pública, destinadas al alquiler para personas con escasos recursos Eran viviendas con un alquiler muy bajo -entre 60 y 150 euros al mes-y todas ellas ocupadas. De la operación de venta no se avisó a los inquilinos, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte del nuevo propietario, quienes se enteraron cuando de la noche a la mañana, el fondo de inversión que las adquirió modificó la cantidad de la renta y se lo comunicó al banco en donde tenían domiciliado el pago del alquiler. Todos los testimonios de los afectados coinciden en que se enteraron porque cuando iban a sacar dinero con la tarjeta, el cajero les indicaba que carecía de fondos suficientes y al acudir a la entidad bancaria para aclararse, se les explicó la situación que, en general pasaba de pagar entre 60 y 150 euros, como ya indiqué, a pagar entre 420 y 600 euros al mes. Nótese que hablamos de personas que habían adquirido el derecho a ocupar esas viviendas por encontrarse en una situación económica extrema: cobrando algún subsidio de desempleo, una pensión no contributiva o sencillamente, sin ingreso alguno reconocido y para los cuales resultaba imposible hacer frente al pago de la nueva renta, de manera que era previsible que abandonasen la vivienda o fuesen desahuciados, como realmente así ocurrió. Por cierto, la venta se realizó por 128 millones de euros; es decir, cada vivienda fue vendida a un precio medio de 68.000 euros.
Dos meses después, el presidente de la Comunidad Autónoma, Ignacio González, puso a la venta 2.935 viviendas de protección pública. En este caso, estas viviendas tenían otra finalidad: se enmarcaban dentro de un plan para la juventud, por el cual se intentaba facilitar la compra mediante la fórmula de alquiler con derecho a compra y a un precio tasado, como cualquier promoción de VPO, que -de media -era de 120.000 euros. El agraciado disponía de un tiempo para decidirse si adquiría la vivienda al precio estipulado, descontando lo abonado hasta el momento como alquiler, o bien abandonaba la operación. Pues bien, antes de que se agotase el plazo firmado y sin que la Comunidad de Madrid le haya informado de nada, se encuentra con que el nuevo propietario sí que le informa de la nueva situación y le invita a marcharse de inmediato o en todo caso cuando venza el plazo estipulado, salvo que compre la vivienda al precio fijado inicialmente de 120.000 euros..
La venta se realizó a otro grupo de inversión por 201 millones de euros; es decir, a una media de 68.000 euros cada vivienda.
¿Por qué motivo refresco la memoria de unos hechos que ocurrieron hace dos año y medio?. Porque recientemente ha tenido lugar una Comisión de Investigación en la Asamblea e Madrid para debatir los casos de corrupción en esa comunidad y algunos diputados sacaron a relucir este asunto. En su momento, nunca entendí muy bien aquellas dos operaciones o más bien me resistía a creer que aquellos políticos de Partido Popular fuesen tan salvajes, echando de sus hogares a personas que nada tienen, en el primer caso y privando a muchos jóvenes de su derecho adquirir una vivienda,en el segundo.
Entendía que tendría que haber alguna razón, que no alcanzaba a vislumbrar, para llevar a cabo dos operaciones que a la postre terminaron con echar a la gente de su casa, con el agravante de que las viviendas fueron construidas con dinero público y ahora ese dinero va a servir para que dos fondos de inversión obtengan grandes beneficios. Este planteamiento era tan descabellado que no resultaba creíble.
Pues bien, he podido leer, escuchar y hasta ver buena parte de esa Comisión de Investigación y ya me ha quedado cristalino todo el asunto. Aunque los señores diputados no entendían nada del asunto y buscaban únicamente algún tipo de conexión entre los dirigentes del PP y los propietarios de los fondos de inversión o cuestionaban aspectos técnicos del concurso de venta, quedó claro que la única intención de los dirigentes de la Comunidad de Madrid era hacer caja; es decir ingresar 201 millones porque las arcas públicas estaban muy necesitadas y en ningún momento se les ocurrió ofrecer a esos jóvenes la venta directa al precio de 68.000 euros y no al estipulado de 120.000 euros. Quiere la casualidad que conozco a una persona afectada y me asegura que si se le hubiesen ofrecido la venta a 68.000 euros hubiese aceptado sin pensárselo. Un diputado llegó a hacer esta pregunta de forma directa al propio presidente, Ignacio González, y éste respondió que la operación había sido magnífica y limpia, eludiendo de esta manera tan grosera contestar a lo que se le estaba preguntando.
Para finalizar, debo confesar que me extrañó mucho la estética y el contenido de la Comisión; por un lado los dirigentes del PP, vestidos como grandes banqueros o gerentes de un club de alterne y repitiendo siempre que la operación había sido legal, eficiente, transparente y otras milongas por el estilo, lo cual -dicho sea de paso-no pongo en duda. Por otro, destacar a los diputados de Podemos, que parecían niños con zapatos nuevos, no paraban de jugar con el móvil, reirse y hablar entre ellos mientras el compareciente respondía y hasta destilaban una mezcla de chulería, con frases como “aquí las preguntas la hago yo y usted responde”, y de ingenuidad, como al desear a uno de los comparecientes “espero que usted duerma igual de mal que los afectados”, que viene a ser como atribuir a estos señores del PP madrileño algún tipo de conciencia, moral o ética.
En resumen, con los impuestos de los madrileños se logra hacer viviendas para personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre y ahora se venden a precio de ganga para que obtengan un gran beneficio dos grandes empresas de capital extranjero. Más claro aún: esos impuestos al final van a ir a parar tan ricamente al bolsillo de cuatro especuladores. Pues sí, así de sencillo y probablemente todo legal, porque, señores diputados, más allá de la corrupción hay política y a ver si enteran que ustedes son políticos y no policías ni fiscales ni jueces y que, si entienden que alguna conducta puede revestir carácter de delito, lo que tienen que hacer es acudir al juzgado de guardia y a seguir trabajando.
